El Decreto de Necesidad y Urgencia dictado el 31 de diciembre de 2025, que introduce modificaciones sustantivas al régimen de la SIDE y del Sistema de Inteligencia Nacional, plantea un interrogante que excede la coyuntura política: ¿hasta dónde puede avanzar el Poder Ejecutivo cuando la deliberación democrática resulta incómoda?
La Corte ha sostenido que el receso del Congreso no habilita por sí mismo el dictado de DNU, ya que el Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias. Gobernar por decreto en ese contexto no responde a una imposibilidad institucional, sino a una decisión política.
El decreto no explica por qué una reforma de semejante alcance no fue sometida al debate parlamentario. La urgencia aparece así como un recurso discursivo, no como una exigencia constitucional objetiva. La legislación sobre inteligencia estatal incide directamente sobre libertades individuales y tratamiento de información sensible; en estos casos, el control democrático no es un obstáculo, sino una exigencia republicana.
Modificar el sistema de inteligencia por decreto configura una doble infracción constitucional: no se acredita la necesidad y urgencia y se avanza sobre una materia reservada al Congreso, afectando el equilibrio de poderes.
La democracia constitucional es un límite al poder, no una molestia circunstancial.
El liberalismo republicano clásico nunca concibió la libertad separada de la ley, la división de poderes y el control institucional. Cuando la democracia es aceptada solo mientras no incomode, el problema deja de ser jurídico y compromete la convivencia republicana. Caso contrario, quedará confiar en que, como recuerda la historia, "donde hay un juez en Berlín todavía existe un límite frente al poder".
Noel Breard - Senador Provincial UCR Corrientes
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